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Libertades en España

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Libertades en España

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La viñeta del 26/02/2017 en CTXT

Siempre que añado un caso internacional a esta lista (sólo de asuntos relacionados con viñetas) aparece alguien a recordar eso de "pues en España, tal".

Sin ir más lejos, para esta semana hay siete juicios por enaltecimiento de terrorismo en redes sociales.

Sí. En España también se cuecen grandes cantidades de habas. Así lo refleja el último informe 2016/17  sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que elabora Amnistía Internacional.

Un repaso rápido

Persistió el uso del delito de “enaltecimiento del terrorismo” para procesar a personas que ejercían de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión.

Se denunciaron nuevos casos de tortura y otros malos tratos, uso excesivo de la fuerza y expulsión colectiva por parte de agentes de policía contra personas, entre ellas las que intentaban entrar irregularmente en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos.

En algunos casos no se investigaron eficazmente las denuncias de tortura y otros malos tratos.

También  se destaca la falta de atención a la salud de las personas migrantes. En virtud de la legislación aprobada en 2012, que restringía el acceso de las personas migrantes en situación administrativa irregular a la asistencia médica gratuita, incluida la atención primaria,  se había retirado la tarjeta sanitaria a 748.835  migrantes, lo que suprimía o limitaba gravemente su acceso al sistema de salud y, en algunas situaciones, había puesto sus vidas en peligro.

Las autoridades sólo aceptaron reasentar y reubicar a unos pocos cientos de personas refugiadas, una cantidad muy inferior a la declarada en los compromisos contraídos.

Las autoridades españolas continuaron negándose a cooperar con la justicia argentina en la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Libertad de expresión y de reunión

El informe recuerda que a lo largo de 2016  se impusieron restricciones injustificadas a los derechos a la libertad de información, de expresión y de reunión, basadas en la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) que habían entrado en vigor en 2015.

Se recuerda el caso de  los titiriteros Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez. Fueron acusados formalmente  de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio. La detención tuvo lugar después de que varias personas dijeran sentirse ofendidas por la obra. En septiembre, la Audiencia Nacional sobreseyó los cargos de enaltecimiento del terrorismo. Sin embargo, al concluir el año, los titiriteros seguían acusados de incitación al odio.

Durante el año, la Audiencia Nacional dictó 25 sentencias condenatorias contra 28 personas por delitos de enaltecimiento del terrorismo. La mayoría de estas sentencias eran resultado de la Operación Araña, que implicaba la interceptación de mensajes publicados en redes sociales. De abril de 2014 a abril de 2016, 73 personas habían sido detenidas como parte de la operación.

Tortura y otros malos tratos

Durante este periodo se denunciaron nuevos casos de tortura y otros malos tratos —incluido el uso excesivo de la fuerza— infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En algunos casos, las denuncias de tortura y otros malos tratos no se investigaron con eficacia y exhaustividad.

El informe recuerda, entre otros, los  casos de Esther Quintana, que perdió un ojo  en noviembre de 2012 por el impacto de una pelota de goma disparada por los Mossos d'Esquadra durante una protesta en Barcelona  o el de Juan Antonio Martínez González, fallecido  en Cádiz el 4 de abril de 2015 a consecuencia de las lesiones sufridas al ser inmovilizado por agentes encargados de hacer cumplir la ley.

En mayo, en la causa Beortegui Martínez c. España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió una vez más que España violaba la prohibición de la tortura y otros malos tratos al no investigar de manera eficaz y exhaustiva las denuncias de tortura infligida a personas detenidas en régimen de incomunicación. Era la séptima vez que el Tribunal dictaba una sentencia de esta índole contra España.

Impunidad

Las autoridades españolas continuaron negándose a cooperar con la justicia argentina que investigaba los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Pusieron trabas a la investigación en Argentina, conocida como “Querella Argentina”, al impedirle tomar declaración a algunas de las víctimas y a los 19 imputados.

Derecho a la vivienda

El gasto público en vivienda había sufrido recortes de más del 50% entre 2008 y 2015, y las ejecuciones hipotecarias seguían sin remitir. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, hasta septiembre de 2016 había habido 19.714 desalojos por ejecución de hipoteca, y 25.688 por impago de alquiler. Sin embargo, no hubo datos oficiales que reflejaran el número de personas afectadas por las ejecuciones hipotecarias en España, ni datos desglosados por sexo o edad, lo que impidió adoptar medidas para proteger a las personas más vulnerables. Las personas que se enfrentaban a demandas de desalojo seguían sin disponer de recursos jurídicos adecuados para hacer valer ante los tribunales la protección de su derecho a la vivienda.

Violencia contra las mujeres

Según cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 44 mujeres habían perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas hasta diciembre. La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el establecimiento de juzgados de violencia contra la mujer habían entrado en vigor en 2004. Sin embargo, desde entonces no se habían evaluado los efectos de la Ley de manera participativa y transparente, a pesar de las preocupaciones expresadas respecto a la eficacia de los procesamientos y la idoneidad de las medidas de protección de las víctimas.


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