Precariedad

La precariedad, en términos generales, describe una situación de inestabilidad, inseguridad y falta de garantías. Se utiliza para referirse a condiciones laborales, económicas o sociales caracterizadas por la incertidumbre y la falta de protección. En el contexto laboral, implica empleos temporales, bajos salarios, falta de derechos laborales y dificultad para acceder a servicios básicos como la vivienda o la seguridad social. La precariedad económica se manifiesta en la dificultad para cubrir las necesidades básicas y la vulnerabilidad ante crisis económicas. En el ámbito social, puede referirse a la falta de acceso a la educación, la sanidad o la justicia, generando exclusión y marginalidad.

El concepto de precariedad ha acompañado a la historia del trabajo desde sus inicios, aunque la forma en que se manifiesta ha evolucionado con el tiempo. En las sociedades preindustriales, la precariedad estaba ligada a la falta de tierras y al trabajo servil. Con la Revolución Industrial, surgió una nueva forma de precariedad asociada al trabajo asalariado en condiciones inhumanas, largas jornadas y bajos salarios. A finales del siglo XX y principios del XXI, la globalización y la desregulación laboral han intensificado la precariedad, dando lugar a nuevas formas de empleo precario como los contratos basura, las prácticas no remuneradas y el trabajo autónomo dependiente.

La precariedad sigue siendo un problema global que afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente a jóvenes, mujeres y migrantes. La automatización y la digitalización del trabajo amenazan con agravar aún más esta situación, generando nuevos desafíos para los gobiernos y las organizaciones sociales. La búsqueda de soluciones para combatir la precariedad requiere de políticas públicas que promuevan el empleo de calidad, la protección social y la igualdad de oportunidades, así como de un cambio cultural que valore el trabajo digno y el bienestar social por encima de la mera rentabilidad económica. La lucha contra la precariedad no es solo una cuestión económica, sino también un imperativo ético y social para construir un futuro más justo e inclusivo.