Viñeta del 11/09/2026 en CTXT
Cuando se habla del dinero que se que se gasta en publicidad institucional, se puede pensar que se trata del dinero que las administraciones destinan a hacerle llegar al ciudadano información de servicio público, comunicaciones necesarias y útiles a través de los medios, en esencia es así, o debería. Así repartió la publicidad institucional el Gobierno en 2025.
En la práctica, los distintos organismos reinterpretan y retuercen a su interés los criterios fijados por la ley de 2005 para este reparto decidiendo a capricho las cantidades y en qué cabeceras de su cuerda terminará ese dinero, que no es poco.
Y no es que me lo invente. Esto ya lo contó CTXT en una muy jugosa miniserie de artículos llamada "Publicracia" donde se podía leer que Ayuso gastó 41,5 millones de euros en publicidad institucional entre 2022 y 2023 utilizando criterios subjetivos y alegales para repartir el dinero público a los medios "afines". Así lo confiesa la Comunidad en un lugar muy visible de su propio portal de transparencia. Entre los criterios utilizados para repartir esos fondos, figura uno alegal y novedoso: la afinidad".
Capítulo aparte es como Ayuso financia la industria del bulo con el dinero de los impuestos invirtiendo a saco en la bulosfera y castigando a los medios “no afines”.
La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional establece, entre otras cosas, que "no se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación" cuando "tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos" atendiendo a distintos criterios, principalmente de interés público.
Es por esto que los medios agraciados con este dinero del erario "agradecen" estos ingresos camuflando de información una cantidad ingente de piezas mamporreras complementarias hablando de lo guapos y eficaces que son los gestores de lo público, premios creados a medida y otros publirreportajes pactados dedicados a ensalzar la figura del pagador.
Cumbre de cínicos. Viñeta del 15/06/2024 en CTXT
En 2024 Infolibre contaba que Almeida regó con 187.000 euros a los medios de Jiménez Losantos y con 166.000 a OKDiario en 2023. En El Salto, Yago Álvarez Barba, desglosaba también lo que Almeida inyectó a OkDiario, The Objective, El Debate, Javier Negre o Jiménez Losantos en 2023.
Y hace unos días, también en El Salto, se contaba que Ayuso seguía inyectando dinero en el panfleto digital de Javier Negre y Vito Quiles pese a perder el 98% de sus visitas, arramblando con 76.000 euros de dinero público en publicidad institucional, cacahuetes, porque el PP ya había pagado 680.000 euros de dinero público a estos personajes de EDA TV.
Dos sentencias condenan al Ayuntamiento de Málaga y a la Diputación de Málaga por discriminar a un medio en el reparto de la publicidad institucional
Pero salgamos un poco de Madrid. Que sí, que es el centro neurálgico de la egopolítica donde se cortan los bacalaos grandes y caramelo mediático de España y todo eso, pero seguramente, usted no habrá visto, escuchado o leído nada en los medios capitalinos sobre el importante y largo proceso judicial de Airon Sesenta S.L, empresa editora de EL OBSERVADOR, contra dos administraciones gestionadas por el Partido Popular de Málaga que terminó a mediados de julio y que marcará un antes y un después, convirtiéndose en uno de los litigios más importantes sobre libertad de información y publicidad institucional en España
El Tribunal Supremo confirmó y selló la condena contra el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación por discriminar a la revista malagueña EL OBSERVADOR en el reparto de la publicidad institucional consolidando así una doctrina que blinda la igualdad entre los medios nacionales.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso de casación del Ayuntamiento de Francisco de la Torre y confirma la sentencia del TSJA que declaró que se vulneraron los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia al excluir sistemáticamente a la revista de la publicidad institucional.
La resolución se apoya, además, en la doctrina ya fijada por el Tribunal Constitucional en varias sentencias dictadas en 2014, que vincularon el reparto de la publicidad institucional con los derechos fundamentales de igualdad y con la necesidad de preservar la independencia de los medios de comunicación frente a posibles represalias de los poderes públicos. El propio Supremo recuerda que la publicidad institucional no puede convertirse en un instrumento para premiar o castigar líneas editoriales, sino que debe distribuirse respetando los principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia previstos tanto en la Constitución como en la Ley andaluza de Publicidad Institucional.
Con esta resolución, ya son definitivas las dos sentencias ganadas por esta revista frente al Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, entrando ya en la fase de ejecución de dichas sentencias para el pago de las indemnizaciones que corresponden. Puedes leer la historia con los detalles de este litigio y las sentencias aquí.
Pese a todo, el Ayuntamiento de Málaga y la diputación siguieron, y siguen, haciendo su particular reparto de publicidad institucional.
