La "Ley de Seguridad Ciudadana", más conocida coloquialmente como "Ley Mordaza", es una normativa española que nos encalomó el Partido Popular. Entró en vigor el 1 de julio de 2015 bajo el gobierno de Mariano Rajoy. La ley regula aspectos relativos a la seguridad pública, estableciendo un marco legal para la actuación de las fuerzas de seguridad y las sanciones administrativas ante ciertas conductas consideradas infracciones. Esta ley abarca desde manifestaciones y concentraciones en espacios públicos hasta el uso de imágenes de las fuerzas del orden, pasando por actos de desobediencia o resistencia a la autoridad. Su objetivo declarado es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana y mantener el orden público.
El origen de esta ley se remonta a la necesidad, según el gobierno que la impulsó, de adaptar la legislación española a las nuevas realidades sociales y a los desafíos de seguridad del siglo XXI. Si bien se argumentó que buscaba dar mayor claridad y protección jurídica a la actuación policial, la norma generó un amplio debate social y político desde su gestación. Organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos y partidos de la oposición criticaron duramente su contenido, argumentando que restringía derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación, y el derecho a la información.
Más allá de las controversias iniciales, la "Ley Mordaza" sigue siendo tema de debate en la esfera pública porque la "coalición progresista" (PSOE-Podemos) prometió derogar la ley, pero nunca lo hizo.
Las críticas persisten, especialmente en lo que respecta a las sanciones por resistencia a la autoridad, la limitación de la libertad de información en contextos de actuación policial, y el impacto de la ley en la protesta social. La aplicación de la ley y sus consecuencias sobre la libertad de expresión y el ejercicio de derechos fundamentales siguen siendo objeto de análisis y discusión en el ámbito político, mediático y judicial, y en numerosas ocasiones se ha reclamado su derogación o una profunda reforma para garantizar el pleno respeto de los derechos y libertades ciudadanas.
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