Compra especulativa de vivienda

Compra especulativa de vivienda. Viñeta del 16/02/2026 en CTXT

El problema de la vivienda no es que esté enquistado. Es solo uno más de los síntomas de las distintas enfermedades crónicas que propaga el capitalismo. Así, cada medida que se propone es como intentar curar a un decapitado con una tirita.

Libradas distintas batallas de distracción para renombrar la pobreza y tenernos entretenidos con noticias sobre "personas vulnerables sin alternativa habitacional", escudos sociales temporales y otros parches para el postureo político, la realidad, cada vez más retorcida, sigue campando a sus anchas.

Al rico troceo para acaparar

Si miramos eso que llaman el mercado de la vivienda, ya tenemos claro que alquilar hace mucho tiempo que dejó de ser una alternativa porque los especuladores, que ya no venden ni lo nuevo ni lo usado, se han hecho con toda la oferta de alquiler para que cualquier espacio habitable sea troceado, fragmentado y reducido al máximo para que rinda más.

Y si no existe, se crea. Del piso compartido al mini piso, de ahí a la habitación para después partirla y apilar más inquilinos por metro cuadrado. Se convierten garajes, sótanos, lo que fueron pequeños locales comerciales, contenedores o trasteros en infraviviendas a modo de cápsulas con licencia para malvivir y se siguen engordando los precios.

Nichos, zulos y colmenas

Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Una promotora con capital israelí pretende construir apartamentos turísticos de 24 metros cuadrados en patios interiores en el barrio de Russafa (València). El proyecto "urbanístico", al que los vecinos se oponen activamente, propone construir “colmenas” de apartamentos turísticos en los patios interiores de una manzana.

Y el troceo sigue, pese a que algunos creen que la construcción de viviendas para alquilar no funciona.

Y si queda algo, se acapara también para especular. Como en el caso del "Rent to rent", otro anglicismo gilipollas para denominar el re-alquiler legal. Ahí tienen el caso de Rocío, propietaria de 5 pisos, que alquila 75 habitaciones a 400 euros y que dice que "filtra mucho para no perder el tiempo". Esa es la actitud, la mentalidad de tiburón. Y a esta gentuza sin tripas los medios la llaman "pequeños inversores".

La patraña de que las regulaciones o las medidas para topar el alquiler van a cargarse a esos "pequeños inversores", familias humildes o personas que alquilan una propiedad para sobrevivir se desmonta sola porque esas personas no son el problema, son los que acaparan y "empujan" los precios para ganar más y más hasta el infinito y más allá. Madrid supera ya los 75.000 propietarios con tres viviendas y hay más de 500 personas que tienen unas 50 propiedades. Y muchos de ellos están pensando más en la turistificación y en la especulación salvaje que en ofrecer viviendas tradicionales a precios asumibles.

¿Y mientras tanto en los medios de la derechuza qué se lee? Pues que la "okupación" es el único problema real y si existe algún otro problema con la vivienda es culpa del Gobierno. Así, lo mismo un día te cuentan el drama de una familia que no puede pagarse un triste alquiler ni teniendo trabajo que abren rellenando media portada asegurando que los buitres rentistas son las verdaderas víctimas.

Y eso cuando no le dan la vuelta al significado de las palabras o directamente se las inventan y siguen hablando de "inquiokupas" para hacernos creer que alguien que tiene un contrato de alquiler y que tiene una deuda con su casero es lo mismo que el que le pega una patada a la puerta de una vivienda propiedad de un banco o de un fondo buitre en la que no vive nadie.

Cortar de raíz la especulación y apostar por la construcción de vivienda pública (en lugar de prometerla para luego no hacerlo o tardar veinte años en empezar las obras) podría ser un buen punto de partida, pero, claro, luego descubres que las viviendas protegidas también terminan en manos de los cuatro delincuentes de siempre y te dan ganas de quemar cosas, porque personas creo que es ilegal.

En Alicante, pisos públicos de lujo (nunca entenderé esto de las VPO de lujo) terminaron siendo adjudicados a personas del entorno del PP y del Ayuntamiento. En esta localidad, al menos 13 viviendas protegidas están vinculadas al Ayuntamiento de Alicante. Una trabajadora de Hacienda y la hermana de otra empleada del mismo área; un policía local; y familiares de una funcionaria del Gabinete de Prensa y de la exconcejala de Urbanismo, se encuentran entre los beneficiarios de Les Naus.

Gente con sueldos de 70.000 euros se lleva viviendas protegidas y encima de la única promoción que se había construido en la ciudad en el último cuarto de siglo. Así está el panorama de la VPO para ricos.

Donde han empezado a intentar plantarle cara a la especulación con algunas medidas que empiezan a tener cierta lógica ha sido en Cataluña. Allí, el Govern y los Comuns han pactado reformar la ley de urbanismo para frenar la especulación en 271 municipios tensionados (donde vive el 90% de la población). Esta medida es una condición clave de los Comuns para apoyar los Presupuestos de 2026 de Salvador Illa, acuerdo que aún requerirá el voto de ERC.

Para garantizar el cumplimiento, se tramitará por lectura única en el Parlament. Las infracciones "muy graves" —como el fraude de ley para ocultar la condición de gran tenedor o no destinar el piso al uso declarado— acarrearán multas de hasta 1,5 millones de euros.

Comuns acuerda con el Govern prohibir las compras especulativas de vivienda en Cataluña

La reforma de la Ley de Urbanismo entrará en vigor antes del verano y habilitará a los ayuntamientos de zonas tensionadas, donde vive el 90% de la población catalana, a poner fin a las especulaciones de grandes tenedores y fondos buitre y garantizar que los pisos se destinen a uso residencial o a alquiler a precio limitado.

El grupo parlamentario de los Comuns ha cerrado un acuerdo con el Govern para prohibir las compras especulativas de vivienda en Cataluña a través de una modificación de la Ley de Urbanismo. El objetivo es poner fin a la acumulación de viviendas en manos de grandes tenedores y fondos de inversión que operan con fines especulativos y contribuyen al aumento de los precios y a la expulsión del vecindario.

Una vez entre en vigor la reforma, los ayuntamientos de los 271 municipios declarados zona de mercado residencial tensionado, que concentran al 90% de la población catalana, podrán aprobar planes especiales urbanísticos para impedir que las viviendas se compren para especular. La compra quedará limitada a dos finalidades: destinarlas a residencia habitual o ponerlas en alquiler residencial a precio de índice.

Restricciones según el tipo de propietario

• Grandes tenedores (a partir de 5 inmuebles): No podrán comprar viviendas para especular en estas zonas. Solo podrán adquirir edificios enteros, y siempre con la obligación de destinarlos a alquiler residencial con precio limitado (topado).
• Personas físicas grandes tenedoras: Solo podrán comprar para ir a vivir en ellas, hecho que deberán acreditar mediante declaración responsable ante notario y empadronamiento en un plazo de 12 meses (prorrogable seis meses más por causas justificadas).
• Pequeños tenedores: Podrán comprar hasta un máximo de cuatro viviendas, siempre que sean para uso propio, de un familiar hasta segundo grado o para ponerlas en alquiler a precio de índice.
• Segundas residencias: Las personas físicas podrán comprar una segunda residencia en un municipio distinto al de su residencia habitual, considerándose una extensión de la primera.

Sanciones y plazos

La reforma incorpora también un refuerzo del régimen sancionador, con nuevos supuestos muy graves como no destinar la vivienda al uso declarado, la simulación de negocios jurídicos o el fraude de ley para eludir la condición de gran tenidor. Las sanciones podrán alcanzar los 1,5 millones de euros.

Con este acuerdo, Cataluña se convertirá en la primera comunidad autónoma del Estado que dota a los municipios de una herramienta específica para frenar las compras especulativas. La tramitación se realizará por lectura única con el objetivo de que la norma entre en vigor antes de finalizar el primer semestre de 2026.